El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) emitió un comunicado de prensa el miércoles (30) expresando solidaridad con el juez Alexandre de Moraes por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.
La Ley Magnitsky, empleada contra presuntos violadores de derechos humanos, representa la segunda sanción que el gobierno estadounidense impone al magistrado. El 18 de julio, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció la revocación de los visados de Moraes, sus familiares y sus “aliados en la Corte”.
La primera sanción se anunció después de que Moraes iniciara una investigación sobre el diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Se le investiga por colaborar con el gobierno de EE.UU. en un intento de promover represalias contra el gobierno brasileño y los jueces del supremo tribunal, buscando detener el avance de la causa penal sobre la trama golpista del 8 de enero, denunciada por Moraes.
En el comunicado, la corte brasileña afirma que todas las decisiones de Moraes fueron ratificadas por votos colectivos. Además, destaca su competencia para juzgar la trama golpista. “La investigación reveló serios indicios de la comisión de los crímenes mencionados, incluyendo un plan para asesinar a autoridades públicas”, señala el comunicado.
El STF también afirmó que continuará cumpliendo su función constitucional. “El Supremo Tribunal Federal no se desviará de su papel de hacer cumplir la Constitución y las leyes del país, las cuales aseguran a todos los involucrados el debido proceso legal y un juicio justo”, señala el comunicado.
Sanción
La sanción contra Moraes implica el bloqueo de cuentas bancarias, activos e inversiones financieras en Estados Unidos, la prohibición de transacciones con empresas estadounidenses y la prohibición de entrada en el país.
Sin embargo, se anticipa que estas sanciones tendrán un impacto mínimo en Moraes, ya que se ha informado que el juez no posee activos ni cuentas bancarias en Estados Unidos, ni viaja a ese país.
Crédito arquivo Nacional EBC
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