La regulación de las apuestas en línea no ha inhibido el interés del brasileño por los juegos de azar. De enero a marzo, los apostadores destinaron hasta R$ 30 mil millones por mes a las apuestas electrónicas (bets), dijo el martes (8) el secretario ejecutivo del Banco Central (BC), Rogério Lucca.

Lucca y el presidente del organismo, Gabriel Galípolo, hablaron ante una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado que pretende analizar el impacto de las apuestas electrónicas en el presupuesto de las familias brasileñas y en el sistema financiero, además de la posible asociación con organizaciones criminales.

Según Lucca, el año pasado, cuando el mercado aún no estaba regulado, el BC había estimado en torno a R$ 20 mil millones por mes el flujo de recursos destinado a las apuestas electrónicas. Con la actualización de los datos tras la entrada en vigor de la regulación, el 1º de enero, el BC constató que el valor fue un poco mayor, entre R$ 20 mil millones y R$ 30 mil millones.

El monitoreo se volvió más efectivo después de que las bets legalizadas fueron obligadas a registrar una cuenta bancaria con una Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) específica. El BC aclaró que los datos son solo para uso interno y no se divulgarán periódicamente.

Casi todo el valor apostado es distribuido entre los ganadores, pero los números difieren entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Según Galípolo, la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), vinculada a Hacienda, ha registrado un retorno de entre el 93% y 94% del valor desembolsado por los apostadores en premios. En un informe preliminar divulgado el año pasado, el BC había calculado un retorno promedio del 85% en premios.

Fiscalización

El presidente del Banco Central aclaró que el organismo solo puede compilar estadísticas y no tiene competencia legal para fiscalizar, supervisar o aplicar sanciones, como el bloqueo de transacciones de bets no autorizadas a operar en Brasil.

“El Banco Central, una vez informado por la SPA, advertirá a la institución financiera (…) No es el Banco Central quien interrumpe una transacción. A partir de ahí, es la propia institución financiera la que la interrumpe”, explicó Galípolo.

Además de la elaboración de estadísticas, el trabajo del BC respecto a las bets se resume a la prevención del lavado de dinero y al combate del terrorismo, actividades para las cuales la autoridad monetaria tiene competencia legal. En esos casos, las instituciones financieras deben avisar al BC, que remite los movimientos sospechosos al Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), a la Fiscalía y a la Policía Federal.

“No puedo permitir que mis prerrogativas sean invadidas ni invadir las prerrogativas de otros entes”, justificó Galípolo.

Crédito arquivo Nacional EBC