La Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento Básico (ANA), vinculada al Ministerio de Integración y Desarrollo Regional (MIDR), lanzó el martes (1°) la edición 2024-2025 del Informe de Seguridad de Represas.

El documento mapeó 241 represas con prioridad en la gestión de riesgos, ya que los responsables de estas obras, según se señala, no cumplieron todos los requisitos de seguridad exigidos en la Política Nacional de Seguridad de Represas.

“En caso de accidente con estas estructuras, hay riesgo para personas o equipos importantes, lo que puede comprometer la prestación de servicios esenciales. Estas represas que necesitan mayor atención están en 24 unidades de la Federación”, informó la ANA.

La mayoría de estas represas con problemas (96) pertenecen a empresas privadas, seguidas por emprendedores públicos (39) y sociedades empresariales de economía mixta (10). Otras 94 represas no tienen información sobre los responsables. Las principales finalidades de estas represas son la regularización del caudal (23,7%), disposición de residuos de la minería (21,2%), irrigación (16,6%), abastecimiento humano de agua (12,9%), acuicultura (7,1%), entre otras.

En total, cerca de 28 mil represas están registradas en el Sistema Nacional de Seguridad de Represas, siendo el 97% para acumulación de agua y con uso predominante para servicios de irrigación (36%). El número representa un crecimiento del 8,2% en el total de registros de represas en un año. Entre las registradas, 6.202 represas (22%) fueron clasificadas según las características establecidas por la Política Nacional de Seguridad de Represas.

Las represas que se encuadran en la Políticas son aquellas que presentan al menos una de las siguientes características: capacidad total mayor a 3 millones de metros cúbicos, embalse que contenga residuos peligrosos, Daño Potencial Asociado medio o alto – que involucra riesgos de pérdidas humanas – y, por último, altura del macizo (pared) de la represa mayor a 15 metros.

Accidentes e incidentes

De acuerdo con el informe, se reportaron 24 accidentes y 45 incidentes con represas en Brasil el año pasado, con el registro de dos víctimas fatales y diversos daños, incluyendo destrucción de vías públicas, colapso de puentes, daños a viviendas, desaparición de animales, interdicción de carreteras y daños ambientales.

Según la Política, los accidentes se caracterizan por el compromiso de la integridad estructural de la represa, resultando en el colapso total o parcial de la estructura. Los incidentes, en cambio, afectan el comportamiento de la represa o de estructuras anexas, que pueden llegar a causar accidentes si no son corregidos.

Entre las principales causas de daños a la estructura en los 24 accidentes, la mayoría (16) está relacionada con eventos de crecida o lluvias. Hubo 21 rupturas de represas el año pasado, siendo que en más de la mitad de los casos (13) se asociaron eventos climáticos extremos.

El estado de Río Grande del Sur, que vivió la peor tragedia climática de su historia con las inundaciones de 2024, fue escenario de al menos 21 incidentes y 3 accidentes con represas, según el informe.

Fiscalizaciones

En 2024, los organismos de fiscalización realizaron 2.859 averiguaciones, un número 7% inferior al registrado en el informe de 2023. Ya el número de fiscalizaciones documentales alcanzó los 3.162 procedimientos.

Una de las explicaciones para esta reducción es el número insuficiente de profesionales que actúan en el trabajo de fiscalización. De los 33 organismos fiscalizadores federales, de estados y municipios, hay 356 profesionales involucrados, siendo 169 (48%) dedicados exclusivamente a la seguridad de represas y otros 180 (52%) trabajadores que dividen esta función con otras actividades.

“En 28 de los 33 organismos fiscalizadores (85%), el trabajo en la temática de seguridad de represas se realiza con equipos por debajo de lo recomendado, siendo necesario incrementar estos cuadros con profesionales dedicados exclusivamente”, dice el informe.

Presupuesto insuficiente

El informe también señala la inexistencia de una rúbrica específica en el presupuesto fiscal federal y de los estados para la seguridad de represas. Estas acciones de seguridad están incluidas en gastos relacionados con infraestructura hídrica. En 2024, los valores presupuestarios previstos y ejecutados en seguridad de represas fue de aproximadamente R$ 272 millones, siendo 28% del ámbito federal y 72% del ámbito estadual, cifras superiores a las de 2023. Sin embargo, el valor efectivamente pagado el año pasado fue de cerca de R$ 141 millones, apenas el 52% de lo previsto, siendo el 48% ejecutado por el gobierno federal y el 52% por los estados.

Crédito arquivo Nacional EBC