En las primeras filas, los familiares de las víctimas de la masacre de Acari recordaban los 34 años de búsqueda de justicia. Detrás, las sillas vacías del Centro Cultural de Justicia, antigua sala plenaria del Supremo Tribunal Federal (STF) cuando Río de Janeiro era la capital del país, simbolizaban la histórica omisión de las instituciones brasileñas en la defensa de los derechos de las víctimas.
Hace dos semanas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado brasileño por no llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre las desapariciones de 11 personas en julio de 1990. Asimismo, reconoció el impacto en la integridad de los familiares, en particular de las “Madres de Acari”, quienes enfrentaron diversos tipos de violencia en su lucha por justicia.
Entre ellas se encontraban Edméia da Silva y su sobrina Sheila da Conceição, asesinadas después de que Edméia denunciara la implicación de la policía militar en el crimen.
La noche del martes (17), durante la lectura pública de la sentencia de la CIDH, Rosângela da Silva, hija de Edméia y hermana de Luís Henrique, ambos asesinados, declaró: “Recibí la decisión con alegría, pero llegó demasiado tarde. Han pasado 34 años. Perdí a mi madre, a mi hermano y a mi cuñada. Para obtener esta victoria, tuvimos que recurrir a tribunales internacionales porque el Estado brasileño no hizo nada. Siempre afirmaba que el caso estaba cerrado, que no había cadáveres ni víctimas, y que no teníamos derecho a nada. Fue una enorme falta de respeto hacia las familias”.
Ana Maria da Silva de Jesus Braga, madre de Antônio Carlos da Silva, otra de las víctimas, describió sus sentimientos: “Es un alivio. Mi hijo era maravilloso. Fue a dar un paseo por Magé, pero llegaron allí diciendo que eran la policía y se llevaron a todos. Nunca volvieron, ni vivos ni muertos. Pasé décadas esperando su regreso, pero nunca ocurrió. El Estado no hizo nada por nosotros, no nos ayudó en absoluto. El tiempo pasó, pero al final logramos justicia”.
Wallace de Sousa Nascimento tenía 17 años cuando desapareció. La última vez que fue visto con las otras 10 víctimas fue en una granja en Magé, en la Baixada Fluminense, propiedad de la familia de su hermana, Vanine de Sousa Nascimento. Pese al dolor, Vanine mantuvo el lugar intacto con la esperanza de que pudiera contribuir a las investigaciones. “Preservar el lugar durante todos estos años no fue fácil. Cada vez que íbamos, revivíamos el horror de lo sucedido. Fue una carga pesada para nuestra familia. Sin embargo, lo mantuvimos pensando en las búsquedas, en las investigaciones, y en apoyar a la justicia”, declaró Vanine.
La sentencia de la CIDH representa un punto de inflexión para la familia. “Es como un despertar, como si hubiéramos estado dormidos durante 34 años y ahora despertáramos para comenzar una nueva historia. Ver morir a nuestros seres queridos y no obtener respuestas fue muy duro. Criar a nuestros hijos y nietos sin saber qué pasó también lo fue. Rescatar nuestra historia con esta decisión del Tribunal nos ha traído felicidad y esperanza”, concluyó.
Sentencia
La CIDH ordenó al Estado brasileño implementar diversas medidas de reparación relacionadas con el caso. Entre ellas, se incluyen investigar la desaparición forzada de las 11 víctimas, localizar su paradero, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, emitir certificados de defunción, establecer un espacio de memoria en la región y brindar apoyo médico y psicológico a los familiares.
Además, se contempla el pago de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, la incorporación de la desaparición forzada como delito en la legislación brasileña y la elaboración de un estudio sobre las actividades de milicias y grupos de exterminio en Río de Janeiro.
El abogado Carlos Nicodemos, representante del Proyecto Jurídico para las Víctimas de la Masacre de Acari, informó que esta semana se llevará a cabo una reunión con los ministerios de Derechos Humanos y de Ciudadanía e Igualdad Racial para definir un calendario de cumplimiento de las medidas. El primer paso se cumplió el martes con la publicación de la sentencia en un periódico de amplia circulación.
“La sentencia en el caso de las Madres de Acari no solo pone de relieve la violencia estructural que afecta a niños, mujeres y personas negras en favelas y comunidades, sino también la problemática de la seguridad pública. Abre una ventana de oportunidad para que el Estado brasileño implemente medidas que prevengan la repetición de este tipo de crímenes”, destacó el abogado Carlos Nicodemos.
El abogado señaló que esta sentencia podría mejorar el castigo de las desapariciones forzadas y destacó la falta de definición legal sobre este delito en Brasil. “Hay un abismo normativo en relación con las desapariciones forzadas, debido a la ausencia de una tipificación clara. Un proyecto de ley sobre este tema ha estado pendiente desde 2011. El Estado brasileño necesita reconocer el tratado internacional, que exige un mecanismo de seguimiento y control”, afirmó.
Lúcia Xavier, fundadora de la ONG Criola, expresó su esperanza de que el fallo de la Corte Interamericana impulse otras demandas y decisiones judiciales a favor de las víctimas de desapariciones forzadas en el país. “Para nosotros, que trabajamos en derechos humanos, especialmente en la lucha contra el racismo y la violencia contra los jóvenes, es una gran oportunidad para generar políticas sobre desapariciones, investigaciones y mayor coordinación entre los servicios públicos”, comentó.
Xavier agregó: “Esperamos que esta sentencia tenga la misma relevancia que la de Maria da Penha, en relación con la violencia contra las mujeres, y que se cree un marco integral de actuación por parte del Estado brasileño para proteger a estas poblaciones”.
Fonte: Agência Brasil – Leia Mais em:
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