En 2024, Brasil experimentó un aumento en los conflictos relacionados con la tierra y el agua en comparación con 2023. Las disputas aumentaron de 1.724 a 1.768 y de 225 a 266, respectivamente, según el informe anual de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) difundido este miércoles (23), el cual también alerta sobre un aumento en la contaminación por pesticidas y un número récord de amenazas de muerte.

En el tema de los conflictos rurales, la única categoría que mostró una disminución fue la de conflictos laborales, que abarca casos de trabajo esclavo contemporáneo. En total, el año pasado se identificaron 151 incidentes, una cifra menor a la registrada previamente, según indicó el CPT en una entrevista con la prensa.

Del total de conflictos por la tierra registrados en 2024, 1.624 fueron casos de violencia contra la ocupación, con el estado de Maranhão liderando con 363 casos, lo que representa más del 21,6%. Los otros estados con más casos son Pará (234), Bahía (135), Roraima (119), Amazonas (117), Mato Grosso (102), Mato Grosso do Sul (93), Acre (59), Goiás (49) y Tocantins (46).

El resto de los conflictos por la tierra fueron acciones de resistencia, con un total de 88 notificaciones.

Agrotóxicos

Una característica destacada de este año en el informe fue el incremento significativo de casos de contaminación por plaguicidas. En el periodo de 2015 a 2023, el promedio fue de 24,3 casos por año. En 2024, los casos se dispararon a 276, con Maranhão nuevamente en primer lugar con 228 casos (83,5%).

Los incendios, clasificados como conflictos de tierras, aumentaron de 91 a 194 (113%), mientras que la deforestación ilegal pasó de 150 a 209 (39%). La región de la Amazonia Legal fue la más afectada por estos problemas, siendo Mato Grosso responsable del 25% de los incendios y Pará de la mayor parte de la pérdida de vegetación (20%).

Víctimas

Las principales víctimas de la violencia en las disputas por la tierra fueron los indígenas (29%), los ocupantes ilegales (25%), los quilombolas (13%) y los miembros del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) (11%). Los principales agresores identificados fueron agricultores (44%), empresarios (15%) y el gobierno federal (8%).

Violencia contra personas

El informe también presenta datos sobre asesinatos, intentos de asesinato, amenazas de muerte e intimidaciones. Según los investigadores, el año pasado se destacó por dos rupturas notables en el patrón: una disminución significativa en el número de asesinatos, que se redujo a 13, y un número récord de amenazas de muerte, alcanzando un total de 272 en los últimos diez años.

Un patrón recurrente en la violencia rural es el terrateniente como instigador de la agresión. Seis de los 13 asesinatos (46%) fueron ordenados por terratenientes. Además, en cuatro de los casos donde estuvieron implicados, las fuerzas policiales ejecutaron o apoyaron a los autores. Uno de estos asesinatos fue perpetrado por un ex policía militar que trabajaba como guardia de seguridad privada para un empresario que ordenó el crimen.

Crédito arquivo Nacional EBC