La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha declarado culpable al Estado brasileño por violaciones a los derechos humanos en perjuicio de las 171 comunidades quilombolas de Alcântara, Maranhão.

El caso, juzgado en abril de 2023, resultó en una sentencia publicada el jueves 13, donde se ordena al Estado brasileño demarcar y completar la titulación colectiva del territorio quilombola de 78,105 hectáreas.

El fallo está relacionado con la construcción e implementación del Centro de Lanzamiento de Cohetes (CLA) iniciado en la década de 1980, que causó violaciones a los derechos de propiedad colectiva, libre circulación y residencia, autodeterminación, consulta previa e informada, así como derechos a la protección familiar, alimentación, vivienda adecuada, educación, igualdad ante la ley y protección judicial.

Alcântara, el municipio con la mayor proporción de población quilombola del país, tiene un 84,6% de residentes que se autodefinen como tal. El territorio quilombola, compuesto por 152 comunidades y unas 3.350 familias, ha estado habitado por afrodescendientes desde el siglo XVIII.

Según el comunicado de la CIDH, “el tribunal consideró que el Estado violó los derechos a la propiedad colectiva y a la libre circulación y residencia al no delimitar, demarcar ni titular adecuadamente el territorio de las Comunidades Quilombolas de Alcântara, al otorgar títulos de propiedad individual en lugar de reconocer la propiedad colectiva, y al no garantizar el pleno uso y disfrute del territorio por parte de las comunidades, incluidas medidas para compensar las restricciones sistemáticas durante las ‘ventanas de lanzamiento’ que afectaron su uso del territorio y su derecho a la circulación para el ejercicio de sus cultos, actividades económicas y alimentación”.

Juicio

En abril de 2023, cuando el caso fue presentado ante la CIDH en Chile, Brasil ofreció disculpas a los quilombolas, reconociendo violaciones a los derechos de propiedad y protección judicial de las comunidades de Alcântara.

En esa misma ocación, el fiscal general Jorge Messias leyó una disculpa en la que reconoció a las 152 comunidades representadas en el caso como quilombos remanentes.

“Ha habido una violación estatal de los derechos de propiedad, ya que Brasil no ha promovido la titulación del territorio tradicionalmente ocupado por las comunidades. También se ha producido una violación en la tutela judicial debido al retraso y la ineficacia de las instancias judiciales y administrativas que impiden a las comunidades quilombolas de Alcântara ejercer su derecho a la propiedad colectiva”, afirmó Messias.

Crédito arquivo Nacional EBC