El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, ha solicitado al Supremo Tribunal Federal (STF) que condene al expresidente Jair Bolsonaro y a otras siete personas del primer grupo de acusados en el caso de la trama golpista.

La solicitud fue enviada al juez Alexandre de Moraes, ponente del caso en el STF, el lunes (14), como parte de los alegatos finales, última fase antes del juicio a los acusados, previsto para septiembre de este año.

En el documento, de 517 páginas, Gonet sostiene que Bolsonaro y los demás acusados deben ser condenados por los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños calificados por violencia y amenaza grave y deterioro del patrimonio histórico. Las penas máximas por esos delitos superan los 30 años de prisión.

Además de Bolsonaro, el texto solicita la condena de los siguientes acusados:

Walter Braga Netto, general del Ejército, exministro y compañero de fórmula vicepresidencial de Bolsonaro para las elecciones de 2022;
General Augusto Heleno, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional;
Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia — Abin;
Anderson Torres, exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal;
Almir Garnier, excomandante de la Marina;
Paulo Sérgio Nogueira, general del Ejército y exministro de Defensa;
Mauro Cid, delator y exayudante de Bolsonaro.

Bolsonaro

En su manifestación, el fiscal general afirmó que el expresidente Jair Bolsonaro actuó como líder de la organización criminal y fue el “principal facilitador y mayor beneficiario” de los esfuerzos para intentar un golpe de Estado en 2022.

En palabras de Gonet, el expresidente utilizó el aparato del Estado y operó en un “esquema persistente” destinado a socavar las instituciones públicas y la transición tras el resultado de las elecciones presidenciales.

Bolsonaro, “con el apoyo de altos cargos del gobierno y sectores estratégicos de las Fuerzas Armadas”, afirmó el fiscal, “movilizó sistemáticamente a agentes, recursos y competencias estatales, en contra del interés público, para propagar narrativas falsas, provocar inestabilidad social y defender medidas autoritarias”.

Próximos pasos

Tras la manifestación de la PGR, comienza el plazo de 15 días para que la defensa de Mauro Cid, denunciante de la investigación, presente sus alegatos finales ante el STF. A continuación, será el turno de los acusados de presentar sus alegaciones en el mismo período.

Una vez recibidas todas las alegaciones, la Primera Sala del tribunal fijará la fecha del juicio. Entre bastidores, en el STF se espera que el juicio se celebre en septiembre de este año.

Crédito arquivo Nacional EBC